INEQUIDAD EDUCATIVA - Parte 2
La educación no es un bien totalmente elástico; hay una tasa de recursos por alumno que hay que mantener para asegurar el aprendizaje efectivo. Si hay más alumnos hay que aportar más recursos o mantenemos una ficción de enseñanza. Alumnos ilimitados implican recursos ilimitados.
Si el país debe dedicar ilimitados recursos a la educación superior pública, esos recursos no estarán para otra cosa.
Si hay un sagrado derecho al acceso irrestricto a las carreras profesionales, deja de ser sagrado el derecho a la salud, al trabajo, a la vivienda digna, o a la educación básica.
No es defendible el acceso irrestricto y la subvención estatal simultáneamente, incluso, para quienes tienen recursos para pagar y no necesitan que todos paguemos por semejante esfuerzo.
La Universidad de la República en el año 2001 tenía presupuestado U$S 140 millones. Si excluimos el Hospital de Clínicas que tiene una función asistencial, quedan U$S 120 millones. El INAME recibe sólo U$S 80 millones y beneficia a personas de escasos recursos. Toda la Salud Pública del país, que asiste en forma directa 600 mil beneficiarios, casi exclusivamente personas de escasos recursos, decir diez veces más que en la Universidad de la República, recibe U$S 300 millones o sea un poco más del doble.
Es enorme lo que gastamos en la Universidad pública para un desastroso resultado profesional y social.
El porcentaje del gasto público que recibe la población de los quintiles 1 y 2, los de menores ingresos, es 75% en Salud Pública, 70% en Primaria y 100% en INAME. En la Universidad de la República tres cuartas partes del dinero que todos los ciudadanos ponemos, se vuelcan al 60% de los de mayores ingresos. Los ricos “roban” a los pobres para ser profesionales.
El 20% de mayor ingreso constituye el 11% de la población según la Encuesta de 1999. En la Universidad pública, ese porcentaje es 24%. Un ciudadano "rico" tiene más del doble de oportunidades de estar en esa Universidad en relación al porcentaje de su población.
Si miramos el quintil de menores ingresos, que es el 29% de la población, son sólo el 6% de la población de la Universidad de la República, es decir cinco veces menos.
Quiere decir que el 94% de las personas que asisten "gratuitamente" a la Universidad de la República, no necesitan que no se les cobre. Si les cobráramos, y becáramos a los que realmente lo necesitan y tienen disposición de superarse, podríamos aumentar el porcentaje de estudiantes de escasos recursos del 6% al doble o al triple.
La conclusión de esos datos es que el gasto público en educación superior en el Uruguay es altamente inequitativo, y que los tres instrumentos que estamos usando: la financiación directa a la Universidad de la República, la "gratuidad", y el acceso irrestricto son ineficientes; no alcanzan el objetivo de asegurar equidad en el acceso a la educación superior.
La Universidad de la República financiada por todos los ciudadanos con sus impuestos la usan mayoritariamente los más pudientes.
Podríamos cobrar arancel, ofrecer becas o préstamos a las personas de menores ingresos, para no cargar el peso de la educación universitaria en quienes NUNCA podrán soñar con llegar a ella.
Para lograr una real equidad, los beneficiarios directos de la educación superior, cuyos ingresos lo permitan, deben asumir su financiamiento, o tener, en su caso becas parciales.
Cualquier persona del quintil superior de ingresos que asista a la Universidad de la República, aunque no finalice los cursos, tendría que hacer una contribución relativa al período de estudios al Fondo de Solidaridad.
Estamos cobrando impuestos a todo el mundo para financiar a los que en realidad pueden, desplazando recursos que debieran solventar a aquellos que tendrían que recibir la ayuda por equidad e interés social.
Otra alternativa, es financiar a las personas en lugar de financiar a la Universidad de la República como institución, permitiendo que acceda a una universidad privada. Se eliminaría obligarlo a una educación masificada y deficiente por la necesidad de que lo subsidien; y accedería a la que por su voluntad entienda más conveniente.
La educación estatal ha pasado a ser un lastre para toda la sociedad. Su debacle exige a quienes tienen hijos volver a la educación; un costo doble para las familias, soportarla pública con impuestos, sumado a enviar a la privada apostando a un futuro algo mejor. Pagar la educación es una necesidad para superar paros e inacción pública. Remitir a la privada se ha convertido en una barreara que impide tengan más hijos reduciendo la natalidad.
La educación estatal dejó de ser la herramienta de ascenso social, para ser el ancla de los más vulnerables de nuestra sociedad que impide hacerlo.
El propio Estado ha dejado de atender la educación de los niños en situación de pobreza, permitiendo exoneraciones tributarias a empresas para financiar organizaciones privadas educativas sin fines de lucro.
La currícula regimentada desde lo público bastardea todo el sistema educativo público y privado, cuyo desastroso resultado condena a analfabetismo tecnológico.
Paradójicamente, esta educación estancada, retrógrada socialmente, demanda a la sociedad mucho más esfuerzo económico para resultados inequitativos cada vez peores.
En tiempo en que el Estado debe cuidar cada peso de los administrados, para permitirles reciclarse permanentemente para la sociedad del conocimiento, el Estado degenerado fiscalmente tiene impunidad para cancelarlos.