LA HIPOCRESÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO

El Consejo de Castilla inició un Expediente de Ley Agraria en los años 60 del Siglo XVIII, pidiendo a los intendentes informes sobre la situación del agro en sus demarcaciones y eventuales reformas.

Se reunió así gran cantidad de información que fue remitida, en 1777, a la Real Sociedad Económica Matritense para su examen e informe por la sección de Agricultura.

El asunto – debido a su carácter técnico, a su envergadura política y a su enorme amplitud - fue objeto de una gestión MESURADA, poco ágil.

En 1783 hubo de constituirse una comisión de Ley Agraria, formada por catorce miembros, uno de los cuales era Jovellanos.

A petición de la misma se imprimió al año siguiente el Memorial ajustado que organizaba y refundía la documentación de 1777, con la finalidad de facilitar su manejo.

En 1787, la Sociedad y la comisión delegaron en Jovellanos, que tardó otros siete años en concluir el Informe.

Así, en 1795 apareció, impreso por la Real Sociedad Económica Matritense, el “Informe de la Sociedad Económica de esta Corte al Real y Supremo Consejo de Castilla en el Expediente de Ley Agraria, extendido por su individuo de número, El Sr. D. Gaspar Melchor de Jovellanos, a nombre de la Junta encargada de su formación, y con arreglo a sus opiniones”.

Comienza con un resumen histórico de la evolución de la agricultura hasta su época, para repasar después, de manera esquemática, los males tradicionales de la agricultura española, vigentes aún en la época, dividiéndolos en tres clases de trabas u “obstáculos”: a) Estorbos políticos o derivados de la legislación; b) estorbos morales o derivados de la opinión y c) estorbos físicos o derivados de la naturaleza.

La falta de conciencia de que la agricultura es la actividad económica primordial y de la que realmente depende la prosperidad del país, rebatiendo la que él pensaba que era la idea predominante en su época, según la cual la prosperidad dependía de la industria, el comercio y la navegación, determinaba una economía que dependía del extranjero para subsistir, con los avatares de las coyunturas políticas y los cambios político-comerciales y de hábitos de consumo de otros países.

La falta de reconocimiento y consideración con que se trata a las ciencias exactas, físicas, naturales y experimentales, especialmente las aplicables a la mejora de las técnicas de cultivo.

En opinión de Jovellanos, dicho cambio de mentalidad no se podía esperar de la Universidad española, anquilosada y escolástica, ni debía orientarse hacia las disquisiciones puramente teóricas, sino hacia aplicaciones prácticas y a personas directamente dedicadas y/o interesadas en la agricultura (propietarios y campesinos principalmente).

Para ello recomendaba la creación, en ciudades y villas de importancia, de centros semejantes a su Instituto Asturiano de Gijón (y no a las Universidades de la época) en los que pudiesen formarse los propietarios, así como de una enseñanza primaria, para que los campesinos aprendan a “leer, escribir y contar”, a fin de que puedan “perfeccionar las facultades de su razón y de su alma” y percibir las sublimes verdades “sencillas y palpables de la física, que conducen a la perfección de sus artes”.

Dentro de su plan, estaba utilizar al clero secular para, dado que estaba diseminado y establecido en el medio rural, gozando de audiencia y credibilidad, y con un costo nulo para el Estado.

En opinión del patricio asturiano, tanto los propietarios como los campesinos y los párrocos debían disponer de publicaciones de fácil comprensión, elaboradas por las Sociedades de Amigos del País, que los formaran en técnicas de preparación de la tierra y siembra, así como en el uso de mejores y más modernos instrumentos de cultivo.

El planteamiento que Jovellanos desarrolla en la obra da una gran importancia al conocimiento entendido en un sentido amplio, acentuando la necesidad de que se fije en la resolución de los problemas prácticos.

Reconociendo que no es necesario que se conozcan todas las circunstancias, todos los acontecimientos, todos los efectos, aunque sí unos mínimos; dirigido a las personas directamente relacionadas con el sector en el que se va a aplicar, siempre atento a las innovaciones y mejoras, permanentes y dispersas, que se van descubriendo (en otras zonas o por otras personas), a fin de poder incorporarlas inmediatamente al proceso productivo, en un proceso que se retroalimenta.

Un conocimiento que tiene los mismos rasgos y las mismas características propio de la función empresarial, un “intangible” (fuera del estorbo “moral o de la opinión”), que va más allá del mero conocimiento intelectual, en sentido estricto, y que incluye otras muchas habilidades del ser humano.

Un conocimiento, en definitiva, ignorado por los políticos, para quienes nada bueno parece que puede haber en el mundo, si no es él como presidente, o su gobierno, quienes lo plantean.

A partir de los argumentos que daba Jovellanos hace ya más de trescientos años, podemos explicar cómo la legislación y los políticos, a través de una sobre-regulación y falta de liberalización de la actividad privada, son precisamente el estorbo que impide que exista una mayor oferta de bienes y servicios; y más barata.

La distancia en la toma de decisiones, el análisis de riesgos, la inversión ajustada a ese análisis, y la medición de resultados para corregir no conformidades, está lejos del político.

Su “capital humano” o “capital intelectual” que conforma a los nuevos gobernantes al asumir su función, está absolutamente circunscripto a la comunión ideológica, condicionando la acción de gobierno a fracasar.

La praxeología, o teoría general de la acción humana que refiere Mises, no consiste en una ciencia histórica, sino teórica y sistemática, cuyas enseñanzas aspiran a formular teorías que resulten válidas en cualquier caso en el que concurran aquellas circunstancias implícitas en sus supuestos y restricciones, constituyendo obligado presupuesto para la aprensión intelectual de los sucesos históricos.

La Economía, como parte de la ciencia de esa acción humana, es la encargada de elaborar una teoría en torno a la ejecución de operaciones de cambio, en las que los objetos que están a disposición de la acción se emplean de manera que garanticen el máximo de bienestar, renunciándose a satisfacer necesidades menos apremiantes para satisfacer otras más urgentes.

Así se entiende al sujeto que actúa para modificar las circunstancias del presente y conseguir sus propios y personales objetivos o fines, a través de los medios escasos que subjetivamente considera más adecuados, de acuerdo con un plan y desarrollando su acción en el tiempo, el empresario.

La naturaleza de dicha función, como la del político consiste en GERENCIAR (tomar decisiones de forma adecuada), por lo cual, es imprescindible tener presente el papel esencial que juega la información o conocimiento que posee el actor para aminorar la distancia individual en las cambiantes decisiones colectivas.

Una información que modifica los esquemas mentales o de conocimiento que posee el propio sujeto.

Como señala Hayek, el problema económico de la sociedad se concreta, principalmente, en la pronta adaptación a los cambios según las circunstancias particulares de tiempo y lugar, para poder alcanzar situaciones menos insatisfactoria para el individuo, de acuerdo con la evolución de sus fines y la distinta utilidad subjetiva que se les reconoce a los medios escasos disponibles. Las decisiones tendrán más éxito si son ejecutadas por quienes conocen de primera mano los cambios pertinentes y los recursos disponibles de inmediato para satisfacerlos.

Un conocimiento práctico, de carácter privativo y disperso, que no es algo “dado” que se encuentre disponible para todo el mundo, sino que se encuentra “diseminado” en la mente de todos y cada uno de los hombres y mujeres que actúan y que constituyen la humanidad.

La hipocresía en el gobierno de creerse omnipresente, omnisapiente, y omnisciente, de todas las cosas reales y posibles, es atributo exclusivo de Dios, disminuye su hipocresía cuando se recurre a la democracia directa.