¿QUE PODRÍA SALIR MAL?

 Hay países que viven fuera de la realidad y tocan fondo en su credibilidad. Crean un espejismo de condiciones de credibilidad institucional y estabilidad socioeconómica que invita a prestarles capitales que no son gratis, y que desaparecerá una vez que esas condiciones artificiales queden al descubierto.

Atlas, el titán al que Zeus castigó por rebelarse contra los dioses y contra el orden establecido, sujetando el peso del mundo durante toda la eternidad, también se cansó y aflojó.

Nuestro riesgo país, lo que paga Uruguay sobre el interés de tomar préstamos que paga EE. UU., es 85 puntos más. Eso nos cuesta endeudarnos.

El flujo sostenido de fondos externos que hemos recibido en el quinquenio se debe a la confianza, la garantía de que el gobierno honrará sus compromisos. El valor de la seguridad jurídica nos permitió vivir adelantando consumo actual, obligando a pagarlo a generaciones futuras.

Mantener un gasto público muy por encima de la recaudación y reducir el costo inflacionario de precios se sostiene en que NOS PRESTAN Y SE CREEN QUE LES VAMOS A PAGAR, AUNQUE SEA LOS INTERESES DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS.

Es fácil deducir que, con nuestros recursos propios, no podríamos bancar tener el tercer PBI per cápita de América Latina (US$30.170), superior al de Argentina (US$26.400), similar al de Chile e inferior al de países más grandes y productivos. Eso también sostiene la pobreza en un rango del 10% de la población.

Uruguay es, indudablemente, un país “caro” para sus habitantes. El inconformismo determinó que la mayoría votara por un giro a la izquierda.

Un Estado grande, que ofrece pseudo-gratuidades, con demandas sociales que esa misma izquierda ha incentivado para ganar esta elección, carece de una economía sustentable para sostenerlo. Lo reconoce hasta el próximo ministro de Economía.

El salario más alto en dólares contrasta con una economía que creció solo el 1%, en promedio, hace décadas, y con el costo de vida más caro que varias naciones europeas.

Quienes viven de un sueldo sienten que se les diluye en los pagos diarios, el impuesto a la renta (que grava el salario) y los aportes previsionales.

Ese “estado de bienestar” de algunos no es gratis. En la “zona de confort” están los cargos políticos, los funcionarios públicos y los empresarios prebendarios, caros para el Estado y protegidos por subsidios y aranceles.

Eufemísticamente, llamamos “país caro” al costo excesivo del gasto público, subsidiado por la producción, las pymes, los desocupados, los informales y los intereses de los préstamos. Todo un mundo que no se resigna a cambiar, pese a tener el iceberg golpeando el casco.

En la campaña electoral no se habló de las consecuencias de no reducir el despilfarro y gastar más. Los candidatos prometieron aumentar más lo que soportan estoicamente los uruguayos formales.

La pírrica “fortaleza” de sus instituciones permite financiar el déficit público: lo que pagan de impuestos los uruguayos y el ingreso de capitales. Sumados, postergan el imprescindible ajuste fiscal. ¿Seguiremos gastando más aunque sea demasiado tarde y perdamos la financiación externa para hacerlo menos doloroso?

Con un déficit fiscal del 4,5% del PBI, la carga de intereses es cada vez mayor. La deuda neta del sector público asciende a 34.000 millones de dólares, el equivalente al 43% del PBI, y tiende a aumentar si se contempla la retahíla de promesas e imposiciones de la triunfante izquierda.

Uruguay tiene más de 310.000 empleados públicos en el Estado, personas públicas mayores, 19 intendencias, juntas departamentales, alcaldías, Congreso de Intendentes y 14 empresas públicas. Casi la mitad están en ANEP, Udelar y ASSE, lo cual refleja las prioridades actuales del gasto público uruguayo, equivalente al 30,7% del PBI.

La población crece a una tasa del 0,2% por año y el 16% tiene más de 65 años. La seguridad social está en crisis pues, solo con los aportes, no se sostiene. El BPS ya se refuerza con el 7% del IVA más todo el impuesto de asistencia a la seguridad social (IASS), pagado por los jubilados. Y no alcanza. Orsi quiere volver a los 60 años y mejorar las jubilaciones mínimas.

El crédito comienza a desaparecer, y profundizará su huida ni bien se conozcan los titulares de los cargos, repartidos entre comunistas, socialistas y mppistas.

Como dijo “Pepe” Mujica: “Somos un país de viejos.” Viejos que habrá que mantener con los frutos de una economía sana, elevado nivel de inversiones y alta productividad.

¿Hasta cuándo nos bancarán los de afuera esta fiesta que al 50% le parece que hay que aumentar sin sustituir gasto innecesario o imposible de bancar?

Los votantes del Frente Amplio piden más Estado, sin advertir el exceso insostenible del gasto público actual. Más gasto social para reducir desigualdad. Más Estado, multiplicando su exceso, su baja productividad y los resultados siniestros que reciben quienes aún pagan por subsidiarlo.

¿QUÉ PODRÍA SALIR MAL?

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